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Corral reclama Fondo Minero ante la SCJN

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Corral reclama Fondo Minero ante la SCJN

El gobernador Javier Corral y 23 alcaldes y alcaldesas del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, de municipios mineros de Chihuahua, así como el de Álamos, Sonora, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cada uno, una demanda de Controversia Constitucional para impedir que el gobierno federal acapare los recursos del Fondo Minero que, de acuerdo a su origen legal, se utilizan para infraestructura básica de los municipios. “Hemos querido dar un paso adelante frente a lo que constituye una vulneración más al federalismo, porque este Fondo hasta ahora se distribuía entre estados, municipios y Gobierno de la República y ahora pretende quedárselo todo para financiar tandas a microcréditos a la palabra”, dijo el mandatario estatal a los medios de comunicación que acudieron a las instalaciones de la SCJN en la Ciudad de México.

Roberto Pocaterra Pocaterra

El gobernador y los alcaldes fueron acompañados por legisladores federales, el senador Gustavo Madero, diputados locales, funcionarios del Gobierno del Estado y el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar. Además del recurso, se presentó una carta en la que se solicita audiencia al presidente Obrador, para que escuche el planteamiento y lo que los alcaldes tienen que decir, respecto al manejo de los recursos de ese Fondo y su aprovechamiento en las localidades municipales. “Se ha dicho, de manera inexacta, que los alcaldes integraban ese dinero en su presupuesto municipal. Es ignorancia o es mala fe, porque había un Comité con representación que valoraba y autorizaba los proyectos”, señaló Javier Corral luego de presentar la primera de las demandas. Al explicar ante los medios de comunicación de la Ciudad de México en qué consiste el Fondo Minero, el gobernador indicó que se trata de un fideicomiso que se creó a partir del 2014 por iniciativa del Senado de la República. Mediante esta iniciativa se impuso que las compañías mineras que operan en el país pagaran un 7.5 por ciento de impuesto por los materiales que son extraídos, para que esos recursos, a través de un fondo, se aplicaran en obras de beneficio de las comunidades en donde operan las minas. Imprimir