Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó este lunes al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que investigue la adjudicación de casi 7.500 millones de dólares en contratos para obras fronterizas en la región de Big Bend, Texas. Los legisladores, entre ellos los texanos Lloyd Doggett, Verónica Escobar, Greg Casar y Joaquín Castro, denuncian posibles irregularidades y favoritismo hacia constructoras vinculadas al presidente Donald Trump. La denuncia se concentra en dos empresas que recibieron cuatro de los cinco contratos adjudicados para este sector: Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel.

Los congresistas señalan que Tim Barnard, fundador de Barnard Construction, donó aproximadamente 1 millón de dólares a grupos de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Trump en 2024. Además, Fisher Sand & Gravel contrató en 2021 a Tom Homan, actual "zar" de la frontera del Gobierno de Trump, para realizar labores de cabildeo a favor de la empresa cuando este dirigía una consultora privada. Estas conexiones políticas despiertan preocupaciones sobre la transparencia en la asignación de los contratos federales.

La construcción del muro en Big Bend ha generado considerable rechazo de organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y residentes locales. El Parque Nacional Big Bend posee más de 324.000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes de gran valor ecológico. Los legisladores argumentan que los contribuyentes merecen certeza de que las decisiones sobre el parque responden a necesidades públicas legítimas y no a influencias políticas o intereses privados.

De manera paradójica, el sector de Big Bend es uno de los que menos cruces irregulares registra en la frontera estadounidense. En 2025 concentró apenas el 1,3% de las detenciones fronterizas totales. A pesar de esta cifra, el Departamento de Seguridad Nacional clasificó la región como área de "alta" entrada ilegal de migrantes en mayo de este año y aseguró la existencia de una necesidad "aguda e inmediata" de construir barreras físicas. Los legisladores demandan que el inspector general examine si la clasificación es justificada, si los contratos se adjudicaron correctamente y si el gasto responde genuinamente al interés público.

Fuente: La Patilla — Ver nota original


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